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Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión
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En este trabajo se expone la importancia del ordenamiento ecológico como instrumento de política ambiental que permite integrar saberes en pro de la protección del medio ambiente y manejo sustentable de los recursos naturales, de tal forma que uno de los objetivos de dicho instrumento es transitar de la perspectiva teórica de la norma protectora del medio ambiente hacia un enfoque de acción social en pro de la protección del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. La idea es que el ordenamiento ecológico sea un instrumento para la defensa social de bienes comunes como el medio ambiente y el manejo de actividades y recursos naturales conforme a la cosmovisión de grupos indígenas, lo que permitirá transformar relaciones sociales dominantes.
A continuación, una breve semblanza del el Doctor Juan Miguel Mora Sánchez, Doctor en Derecho de la Universidad de Granada y Magistrado de la Audiencia Provincial de Bilbao. Juan Miguel Mora Sánchez, posee un amplio curriculum profesional en esta área temática. Así, ha desarrollado tareas de investigación y docencia en las Universidades de Granada, Deusto y en la Universidad del País Vasco. Ha completado su formación con estancias de investigación y como profesor invitado en universidades extranjeras de reconocido prestigio internacional. Autor de numerosas publicaciones, Juan Miguel Mora, ha impartido conferencias, seminarios, másters y cursos en España y en el extranjero. Desde el año 2003 ejerce de Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en la Audiencia Provincial de Bilbao, habiendo sido ponente hasta el momento de más de 2.000 resoluciones judiciales.
“La Internet permea hoy en día en todos los ámbitos del ser humano. Desde sus orígenes, ha sido un fenómeno que ha tratado de ser regulado por el derecho. Debido a su trascendencia para el desarrollo de las personas y para el ejercicio de otros derechos humanos, hacen que se le empiece a considerar como un derecho humano. Varios documentos y resoluciones judiciales se han aventurado ya, a reconocer el derecho de acceso a la Internet como un verdadero derecho humano. El presente trabajo aborda dichos documentos para tratar de construir la naturaleza jurídica y lo reconoce como un derecho de status positivo que requiere de mandatos de acción por parte del Estado para su materialización.”
El trabajo que se plantea en las siguientes líneas parte de la inferencia de que existe un vínculo directo entre las violaciones de derechos humanos, la obligación de reparar el daño y el cumplimiento de las decisiones judiciales internacionales que ordenan tal reparación, pues la propia sentencia y su efectivo cumplimiento constituye una forma de reparación hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos.